La Policía en los Estados de Derechos Latinoamericanos:

CASO DE NICARAGUA (Documento PDF)

Este proyecto es una respuesta a la necesidad que producto de las continuas reformas del proceso penal, tienen la calidad y el peso de las investigaciones policiales, es por ello que el fin último de esta investigación es el estudio de las formas de organización existentes y de las facultades de las policías latinoamericanas para, sobre esta base, representar las propuestas de reforma que eventualmente serían necesarias; pues de ellas depende la eficiente resolución de los diferentes casos que a menudo se abren en los Tribunales de Justicia.

Se trato de elaborar informes nacionales, sobre cuya base se presento un perfil jurídico comparado, además de correspondiste recomendaciones finales. Entre los países estudiados y su respectivo investigador tenemos a Argentina (Daniel Pastor), Bolivia (Alfredo Dorado), Brasil (Fauzi Hassan Choukr y Carlos Bacila), Chile (Claudio Díaz), Colombia (Oscar Julián Guerrero Peralta), Costa Rica (Daniel González), Cuba (Ramón de la Cruz Ochoa), El Salvador (Jaime Martínez Ventura), Guatemala (Julio Rivera Clavería), México (Ernesto López Portillo), Nicaragua (Sergio Cuarezma Terán y Roxana Zapata López); Per ú ( Cesár San Martín), Uruguay (José Luis González) y Venezuela (Sergio Brown).

“La Policía en el Estado de Derecho Latinoamericano”, es la continuación del proyecto de investigación llevado a cabo desde comienzos de 1997 por el Instituto Max Planck para derecho penal extranjero e internacional, conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer, Programa Estado de Derecho, y que diera lugar a la publicación “Las Reformas Procesales Penales en América Latina”, editada por JULIO B.J. MAIER, KAI AMBOS y JAN WOISCHNIK (Editorial Ad-Hoc, Bs.As., 2000).

a idea de una segunda publicación vinculada, en este caso, a la actuación policial en Latinoamérica, tuvo su origen en el seminario de clausura del proyecto sobre Las Reformas Procesales Penales en América Latina, llevado a cabo en Santiago de Chile en octubre de 2000. Ésta nació, precisamente, gracias a una propuesta del Prof. Juan-Luis Gómez Colomer que fuera acogida con entusiasmo por quienes participaron en dicho evento. El por qué de la necesidad de un proyecto como el que aquí se presenta era claro: el grado de respeto de las garantías procesal-penales que en un Estado de derecho se le conceden al imputado solo puede medirse seriamente si se considera también la actualización policial