Justicia Penal y Derechos Humanos

El Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario (RWI), de Suecia, y el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD ), acordaron desarrollar un programa de capacitación y monitoreo de los derechos fundamentales en la justicia penal con énfasis en la etapa de investigación policial y judicial. El Director del proyecto es el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni.

El programa realizó investigación y capacitación en los diecinueve países de América Latina -Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, y Venezuela- por medio de dos seminarios regionales llevados a cabo en San José, en los que participaron tres personas por país, un representante de la policía, un representante del sistema judicial y un representante de la academia o de organizaciones no gubernamentales. Actualmente se está en la fase de producción del análisis comparado de la investigación.

Con referencia al objetivo del proyecto, superadas las décadas de los años 70 y 80, que se caracterizaron por graves violaciones a los derechos humanos cometidas en muchos casos sistemáticamente desde los aparatos de los estados e inclusive desde los mismos sistemas de justicia penal, se extendieron en la región los gobiernos de elección popular, y América Latina se encuentra en la actualidad –como caracterización general- en una etapa de consolidación y afianzamiento de sus democracias. En este proceso, el nuevo papel que desempeñan sus sistemas de justicia penal en sus tres componentes, policial, judicial y penitenciaria, es fundamental.

Durante la última década, y como una expresión de dicho proceso de afianzamiento democrático, los países han venido remozando sus sistemas de justicia, estableciendo cuerpos de policía civil en los casos en que esta función estaba a cargo del ejército, aprobando nuevas legislaciones procesales que sustituyen el sistema inquisitivo por el juicio oral y público, promoviendo la participación de la víctima en el proceso y sancionando leyes que penalizan la violencia contra la mujer, aprobando nuevas leyes de justicia penal juvenil adecuadas a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, creando Consejos de la Judicatura que favorecen una mayor autonomía de las designaciones de jueces y juezas respecto del poder ejecutivo, estableciendo el control judicial en la etapa de la ejecución de la pena, etc.

No obstante los avances realizados, es mucho lo que resta por hacer para que los sistemas de justicia penal cumplan de manera satisfactoria con la función que tienen asignada, y, como caracterización general, todavía podría decirse de ellos que continúan siendo focos de frecuentes violaciones a derechos humanos de víctimas y victimarios. Esto, en parte en razón de que aún no han superado por completo los problemas estructurales que traían del período anterior, y en parte en razón de que no han podido responder adecuadamente a las nuevas exigencias del momento regional.

Entre estas nuevas exigencias destacan las que se originan en un incremento cierto de la criminalidad tanto convencional como no convencional, en un notorio incremento del sentimiento de inseguridad de los habitantes, y en los reclamos que se le plantean a la justicia penal para que de respuestas drásticas al delito e inclusive a problemas no delictivos sino eminentemente sociales, como son los de la niñez abandonada y la mendicidad. Agobiados por un exceso de causas que no pueden –ni les corresponde, en muchos casos­­- resolver, los sistemas de justicia penal son un foco de injusticias, con un bajo nivel de credibilidad social.

El Programa del RWI/ ILANUD está dirigido a contribuir a corregir la situación ante dicha. Se sabe que no será fácil ni rápido hacerlo, ya que existen condiciones objetivas estructurales fuera de control que generan conflicto y sobrecargan excesivamente la labor de los sistemas, pero el conocimiento científico objetivo de la realidad de su funcionamiento, y la capacitación de sus operadores son presupuestos esenciales para cualquier avance.

Se previó la realización de dos seminarios-taller, de investigación y capacitación, dirigidos a promover cambios en la actividad de los operadores, y a contribuir a crear y fortalecer una cultura de respeto a los derechos fundamentales de víctimas y victimarios en los tres estamentos de los sistemas de justicia penal.

El primer seminario tuvo lugar en San José de Costa Rica, del 2 al 6 de junio del 2003, al que asistieron participantes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua , Paraguay, Perú y Uruguay. El segundo seminario tuvo lugar también en San José, del 24 al 28 de noviembre del 2003, al que asistieron representantes de Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, República Dominicana y Venezuela. El tercer Seminario/Taller sobre las Lesiones a Derechos Fundamentales que ocurren durante la Investigación Criminal en los Países de América Latina, tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, del 3 al 5 de junio del 2004, al que asistieron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua , Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. Los participantes en el presente seminario-taller profundizaron en el análisis de los principales hallazgos y problemas identificados hasta el momento.

En estos encuentros los participantes analizaron los estándares y normas de las Naciones Unidas en materia de justicia penal cotejándolas con la realidad de su aplicación en sus respectivos países, identificando los principales problemas que generan lesiones a derechos humanos, como así también identificando prácticas exitosas utilizadas para resolverlos. Con base en esta información se inició el análisis comparado por parte de la Dirección del Proyecto, actualmente en curso, con la finalidad de obtener un panorama regional de situación.