Principios y Garantías del Proceso Penal de Adolescentes

La aprobación y aplicación del Código de la Niñez y Adolescencia ha representado un presupuesto invaluable en el fortalecimiento del Estado social de derecho de Nicaragua. El Estado de derecho es la garantía real de las libertades y de que cada agente social pueda disponer de un horizonte confiable para sus actividades y asegura que la institucionalidad pública se remita a sus áreas de competencias, sin desbordarse, propiciando que los ciudadanos puedan desplegar sus iniciativas con libertad. En este sentido, el Estado de Derecho, como uno de los principios que con valor superior establece la Constitución Política nicaragüense dentro de la amplia perspectiva del Estado Democrático y Social de Derecho, fija un conjunto de preceptos que sujetan a los ciudadanos y a los poderes públicos a la Constitución y a las leyes. Establece y garantiza un sistema de derechos sociales, económicos, políticos y de libertades públicas, bajo la primacía de la dignidad humana. Asume la tarea de transformar la sociedad, buscando corregir, conforme a derecho, las desigualdades de toda índole.

En esta línea de pensamiento, el Código de la Niñez y Adolescencia responde a la necesidad de articulación y conformación del orden social, no limitada al plano de la justicia social en cuanto a los bienes materiales, sino tocando también los bienes culturales. Este modelo de legislación habrá de caracterizarse por permitir el libre desarrollo de la personalidad, fundamentándose en el reconocimiento y respeto de la dignidad humana y actualizando al resto del ordenamiento jurídico con la finalidad de que se haga efectiva la igualdad constitucional.

El reconocimiento en el ámbito constitucional de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niños, obligó al legislador a reformar y adecuar el ordenamiento jurídico relativo a la niñez y adolescencia. Nicaragua, al suscribir y ratificar la Convención , se comprometió a adoptar, gradualmente, el máximo de medidas para incorporar su contenido en las leyes, y en las políticas y programas públicos, que favorezcan la atención y los cuidados que todos las niñas y niños requieren para su pleno desarrollo. Hay que destacar que la plena vigencia que adquiere la Convención por medio de la Constitución Política (art. 71) creo una ambigüedad jurídica con relación a las leyes vigentes de la Nación , tanto en su fundamento ideológico como en su letra, ya que la legislación del país, de naturaleza tutelar, estaba basada en la doctrina de la situación irregular (tuteladora y represiva). Los principios jurídicos que la Convención introduce, de la doctrina de la protección integral (garantista), constituyen el fundamento axiológico del Código de la Niñez y la Adolescencia .

El estudio tiene la finalidad de analizar las características y principios del Libro tercero del Código, que contiene un Sistema de Justicia Especializada para Adolescentes. La investigación realiza un estudio comparativo entre el sistema tutelar – basado en la doctrina de la situación irregular – y el nuevo sistema especializado de justicia penal – basado en la doctrina de protección integral -, aportando a los operadores de la Administración de justicia un instrumento teórico para la adecuada aplicación de los principio y garantías de este nuevo modelo de Justicia penal especializada de adolescente. Estos principios fijan un marco de legalidad dentro del cual, el Juez debe resolver los aspectos esenciales sobre la determinación y aplicación de las medidas. La nueva orientación punitivo-garantista, reconoce que aunque el adolescente es un ser en formación, la tutela o protección no puede negarles sus derechos y libertades fundamentales.

En esta línea de pensamientos el Libro tercero crea un Sistema de justicia penal especializada. Este Sistema plantea un nuevo modelo de justicia penal de adolescentes de “responsabilidad con garantías”, cuyas características serían las siguientes: Un mayor acercamiento a la justicia penal de adultos, en lo que se refiere a derechos y garantías individuales; refuerzo de la posición legal de los adolescentes con mayor responsabilidad; una amplia gama de medidas como respuesta jurídica al delito, basada en principios educativos y la reducción de sanciones privativas de libertad. Las características del proceso son, entre otras: el sistema es acusatorio, el juicio oral y público, la conciliación y a la víctima u ofendido del delito se le integra como una parte en el proceso, con el objeto de equilibrar o disminuir las tensiones en el mismo. En general se encuentran todas las garantías y principios que integran el debido proceso constitucional.

La investigación fue realizada por la profesora MSc. Roxana Zapata López, Juez Primero de Distrito de Ejecución de Pena y Vigilancia Penitenciaria de la Circunscripción de Managua, y el profesor Sergio J. Cuarezma Terán, Director del ICEP de la UPOLI. El estudio se publica con la Editorial Hispamer , en la colección Breviarios Jurídicos .